In Re: Carlos A. Santiago Rivera

EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: 2026 TSPR 114 Carlos A. Santiago Rivera 218 DPR ___ Número del Caso: TS-16,789 Fecha: 3 de noviembre de 2026 Representante legal del peticionario: Por derecho propio Materia: Conducta Profesional – Suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía por incumplimiento reiterado con las órdenes del Tribunal Supremo. Este documento está sujeto a los cambios y correcciones del proceso de compilación y publicación oficial de las decisiones del Tribunal Supremo. Su distribución electrónica se hace como un servicio público a la comunidad.  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Carlos A. Santiago Rivera TS-16,789 PER CURIAM En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2026. Por las razones que exponemos a continuación, nos vemos precisados a ejercer nuestro poder disciplinario para suspender de forma inmediata e indefinida al Lcdo. Carlos Alá Santiago Rivera del ejercicio de la abogacía. I El Lcdo. Carlos Alá Santiago Rivera (licenciado Santiago Rivera o promovente) fue admitido al ejercicio de la abogacía el 20 de febrero de 2008. El presente trámite disciplinario se originó el 22 de diciembre de 2025. En esa fecha, el licenciado Santiago Rivera presentó una Queja contra el Lcdo. Marcos Díaz Galarza (licenciado Díaz Galarza o promovido) como TS-16,789 2 resultado de unas alegadas irregularidades en el proceso de reclutamiento de personal docente de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Luego de una serie de trámites procesales innecesarios de pormenorizar, el 13 de abril de 2026, el licenciado Díaz Galarza presentó una Moción de desestimación en la que sostuvo la improcedencia de la Queja radicada en su contra. En específico, debido a que el promovente falló en exponer hechos concretos que permitan sostener una violación ética por su parte. Añadió que, en lugar de demostrar una falta ética, las acciones del licenciado Santiago Rivera reflejan un descontrol y uso impropio del proceso disciplinario para extender al plano ético una controversia que ha sido, desde su origen, de naturaleza administrativa y académica. Por su parte, el licenciado Santiago Rivera presentó una Moción en oposición a la solicitud de desestimación del 13 de abril de 2026 y para solicitar reconsideración a la resolución del Tribunal Supremo del 10 de abril de 2026 en la que, reafirmando un supuesto patrón conductual de desviación profesional de los estándares éticos por parte del promovido, arguyó que procedía declarar no ha lugar la Moción de desestimación y, consecuentemente, referir el asunto ante la consideración de la Oficina del Procurador General de Puerto Rico. Luego de evaluar todos los documentos presentados por las partes, el 29 de mayo de 2026 desestimamos y archivamos la Queja que presentó el licenciado Santiago Rivera en contra del licenciado Díaz Galarza. Además, como resultado de la temeridad y frivolidad en la argumentación de sus planteamientos, le impusimos TS-16,789 3 una sanción de $500.00, pagadera mediante sellos de rentas internas a ser cancelados en la Secretaría del Tribunal Supremo, dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de la referida Resolución. En desacuerdo, el 15 de junio de 2026, el promovente presentó una Moción de reconsideración en la que cuestionó la autoridad de este Tribunal para imponerle una sanción económica en ausencia de una exposición de fundamentos fácticos y jurídicos. Así, pues, según éste, procedía dejar sin efecto la sanción o exponer los fundamentos para su imposición. Empero, el 17 de junio de 2026, luego de atender la Moción de reconsideración, proveímos no ha lugar. El 7 de octubre de 2026, todavía en incumplimiento con la sanción del 29 de mayo de 2026, emitimos una nueva Resolución mediante la cual le concedimos al licenciado Santiago Rivera un término final e improrrogable de diez (10) días para cumplir con lo ordenado. Allí, le apercibimos que su incumplimiento con el pago de los $500.00 podría conllevar la imposición de sanciones mayores, incluyendo la suspensión del ejercicio de la abogacía. Acto seguido, el 19 de octubre de 2026, en lugar de cumplir con lo ordenado, el promovente presentó un recurso titulado Moción informativa y en respuesta a la resolución del 7 de octubre de 2026. En síntesis, el licenciado Santiago Rivera reafirmó su oposición a que se le impusieran sanciones económicas y expresó que no iba a pagar la sanción ordenada y que no la pagaría aunque la misma se tratara del pago de $1.00. Así las cosas, procedemos a resolver este asunto sin trámite ulterior. TS-16,789 4 II Bajo el antiguo Código de Ética Profesional de 1970, 4 LPRA Ap. IX (derogado), era meridianamente claro que, dentro de las facultades del Tribunal Supremo de Puerto Rico, se encontraba el poder inherente y exclusivo para reglamentar la profesión de la abogacía. Esa práctica se mantuvo inalterada por virtud de las nuevas Reglas de Conducta Profesional.1 En específico, la Regla 8.1 dispone que: “[t]odo asunto relacionado con la reglamentación del ejercicio de la profesión legal, como la admisión o la separación de sus miembros, es facultad inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico”.2 Con lo anterior en mente, en In re Adolfo Matías Balaguer, 2026 TSPR 21, 217 DPR ___ (2026), aclaramos que las faltas disciplinarias que eran comúnmente sancionadas al amparo del Canon 9 del Código de Ética Profesional de 1970, supra, serían examinadas bajo el crisol de las Reglas 3.3(a), 8.1, 8.1(b) y 8.4(a) de las Reglas de Conducta Profesional, supra. Por su pertinencia, impera repasar las mencionadas disposiciones. La Regla 3.3(a) de las Reglas de Conducta Profesional, supra, señala que los letrados deben “procurar que en los tribunales prevalezca siempre un ambiente de decoro y formalidad”.3 Según expresamos en In re: Adolfo Matías Balaguer, supra, “al consagrar el texto del Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, la Regla 3.3(a) procura que los profesionales 1 Véase, In re Rs. Conducta Prof. PR, 2025 TSPR 64, 216 DPR _ (2025). 2 Reglas de Conducta Profesional, supra, pág. 205 del PDF. 3 Reglas de Conducta Profesional, supra, pág. 134 del PDF. TS-16,789 5 del derecho se conduzcan con respeto ante los tribunales”.4 Añadimos que “toda conducta que lacere la función de los tribunales es contraria a la exigencia ética que surge de la Regla 3.3(a)”.5 Por otro lado, según expresáramos, la regla que atiende directamente la facultad de este Tribunal para atender asuntos disciplinarios es la Regla 8.1 de las Reglas de Conducta Profesional, supra. Por su importancia, la incluimos de manera íntegra: Todo asunto relacionado con la reglamentación del ejercicio de la profesión legal, como la admisión o la separación de sus miembros, es facultad inherente del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Una persona aspirante a admisión al ejercicio de la abogacía o de la notaría, o un abogado o una abogada que participe en una solicitud de admisión al ejercicio de la abogacía o de la notaría o participe en un asunto disciplinario, no podrá: (a) hacer, a sabiendas, una declaración falsa de hechos sustanciales; o (b) dejar de divulgar información necesaria para corregir una apreciación errónea que conoce que surgió en el asunto; o incumplir, a sabiendas, con una orden o un requerimiento de información formulado por la autoridad disciplinaria o encargada del procedimiento de admisión. Esta regla no requiere la divulgación de información protegida por la Regla 1.6.6 Conforme a la precitada regla, al igual que el antiguo Canon 9 del Código de Ética Profesional, supra, la Regla 8.1(b) de las Reglas de Conducta Profesional, supra, consagra aquellas situaciones específicas en que un abogado deja de cumplir con las órdenes o requerimientos de este Tribunal en asuntos disciplinarios. Así, queda cristalizada la obligación de los 4 In re: Adolfo Matías Balaguer, 2026 TSPR 21, 217 DPR ___ (2026). 5 Íd. 6 Reglas de Conducta Profesional, supra, 205. 134 del PDF. Negrillas suplidas. TS-16,789 6 miembros de la profesión legal de hacer valer las órdenes de este Tribunal. En ese sentido, tal y como expresamos en In re: Adolfo Matías Balaguer, supra, “el incumplimiento con las órdenes de este Tribunal en un caso disciplinario es conducta suficiente para ejercer nuestro poder inherente de disciplinar a los abogados admitidos a nuestra jurisdicción”.7 Por último, la Regla 8.4(a) de las Reglas de Conducta Profesional, supra, dispone que constituye conducta impropia el violar estas reglas.8 Como corolario, en los comentarios a esta regla, indicamos que las personas que ejercen la abogacía y que violan las disposiciones reglamentarias aquí discutidas, están sujetas a imposición de medidas disciplinarias.9 III De una evaluación sosegada del recuento fáctico, resulta obligatorio concluir que el licenciado Santiago Rivera ha desplegado una conducta que exhibe un patrón de falta de respeto e indiferencia a nuestras órdenes y apercibimientos. Evidencia de ello es que, pese a que se le concedió amplia oportunidad, el promovente no cumplió con las oportunidades provistas para cumplir con el pago de la sanción económica impuesta. Le apercibimos que la desatención a nuestras órdenes podría conllevar una sanción tan severa como la separación inmediata e indefinida de la profesión jurídica. En menosprecio de nuestras advertencias, el licenciado Santiago Rivera optó por la desidia y, peor todavía, expresó que bajo ningún concepto cumpliría con el pago de la 7 In re: Adolfo Matías Balaguer, supra. Negrillas suplidas. 8 Reglas de Conducta Profesional, supra, pág. 209 del PDF. 9 Íd. TS-16,789 7 sanción impuesta, “ni aunque la misma se tratara del pago de $1.00”. Claramente, la displicencia del licenciado Santiago Rivera contraviene los postulados de las Reglas de Conducta Profesional, supra. Destacamos que, de las reglas que rigen el comportamiento de los profesionales del derecho, no surge que la aceptación por parte del sancionado sea un requisito para la validez de la sanción impuesta. Luego de presentar infructuosamente una moción de reconsideración, que es la única herramienta para impugnar la sanción, los abogados no tienen otra opción que no sea la de cumplir estrictamente con lo ordenado. Rehusarse tajantemente a hacer valer la voluntad de este Tribunal, de la manera en la que lo ha hecho el licenciado Santiago Rivera, es una conducta que, por sí misma, constituye razón suficiente para ejercer nuestro poder disciplinario. Ante esta realidad, nos vemos obligados a suspenderlo inmediata e indefinidamente del ejercicio de la abogacía. IV Por los fundamentos expuestos, decretamos la suspensión inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía del Lcdo. Carlos Alá Santiago Rivera. Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por los servicios no rendidos. Se le impone también la obligación de informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por último, TS-16,789 8 acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado dentro del término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Se le advierte al señor Carlos Alá Santiago Rivera que su incumplimiento con el pago de las sanciones impuestas en las quejas AB-2025-0347, AB-2025-0348 y AB-2026-0083 se considerará en caso de que solicite reinstalación al ejercicio de la profesión legal. Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor Carlos Alá Santiago Rivera por medio del correo electrónico registrado en el Registro Único de Abogados y Abogadas y personalmente a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Se dictará Sentencia en conformidad.  EN EL TRIBUNAL SUPREMO DE PUERTO RICO In re: Carlos A. Santiago Rivera TS-16,789 SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 3 de noviembre de 2026. Por los fundamentos expuestos en la Opinión Per Curiam que antecede, la cual se hace formar parte íntegra de esta Sentencia, suspendemos de forma inmediata e indefinida del ejercicio de la abogacía al Lcdo. Carlos A. Santiago Rivera. Como consecuencia, se le impone el deber de notificar a todos sus clientes sobre su inhabilidad para continuar representándoles. Del mismo modo, se le ordena que devuelva a sus clientes los expedientes de los casos pendientes y cualquier cantidad recibida en honorarios por los servicios no rendidos. Se le impone también la obligación de informar inmediatamente de su suspensión a los foros judiciales y administrativos en los que tenga asuntos pendientes. Por último, acreditará a este Tribunal el cumplimiento con lo aquí ordenado dentro del término de treinta (30) días, contado a partir de la notificación de esta Opinión Per Curiam y Sentencia. Se le advierte al señor Carlos Alá Santiago Rivera que su incumplimiento con el pago de las sanciones impuestas en las quejas AB-2025-0347, AB-2025-0348 y AB-2026-0083 se considerará en caso de que solicite reinstalación al ejercicio de la profesión legal. TS-16,789 2 Notifíquese esta Opinión Per Curiam y Sentencia al señor Carlos Alá Santiago Rivera por medio del correo electrónico registrado en el Registro Único de Abogados y Abogadas y personalmente a través de la Oficina del Alguacil de este Tribunal. Así lo pronunció, manda el Tribunal y certifica el Secretario del Tribunal Supremo. La Jueza Presidenta Oronoz Rodríguez, el Juez Asociado señor Martínez Torres, la Jueza Asociada señora Pabón Charneco y el Juez Asociado señor Estrella Martínez no intervinieron. Javier O. Sepúlveda Rodríguez Secretario del Tribunal Supremo