Full Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL XII ORLANDO TORRES ISAAC Certiorari Y OTROS procedente del Tribunal de Primera Instancia, Demandantes- Sala Superior de San Peticionarios Juan TA2026CE00897 v. Caso Núm.: SJ2024CV03829 AGUSTÍN GABRIEL VIDAL MONTALVO Y OTROS Sobre: Demandados-Recurridos Accidente de Tránsito Panel integrado por su presidente, el Juez Candelaria Rosa, el Juez Adames Soto y el Juez Campos Pérez Campos Pérez, Juez Ponente SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 31 de julio de 2026. Mediante el auto de certiorari de epígrafe, comparece la parte demandante y peticionaria, conformada por el Sr. Orlando Torres Isaac y la Sra. Carmen Iris García Ortiz.1 El pleito incoado ante la primera instancia judicial versa sobre una reclamación de daños y perjuicios extracontractuales, presuntamente causados luego que el señor Torres Isaac fuera arrollado el 29 de abril de 2023 por un vehículo de motor conducido por la parte demandada y recurrida, el Sr. Agustín Gabriel Vidal Montalvo.2 En el presente recurso, en particular, los peticionarios impugnan una Orden emitida y notificada el 11 de junio de 2026, por el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan (TPI).3 En dicho dictamen, el TPI declaró ha lugar la Moción informativa interpuesta por la parte demandada y recurrida.4 En el referido escrito, se notificó el 1 Véase, Certiorari, entrada 1 del expediente electrónico en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Tribunal de Apelaciones (SUMAC-TA). 2 Refiérase a las entradas 1 y 45 del expediente electrónico en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos del Tribunal de Primera Instancia (SUMAC-TPI). 3 Entrada 93 SUMAC-TPI. 4 Entrada 92 SUMAC-TPI. TA2026CE00897 2 incumplimiento con el plazo final y perentorio provisto a los peticionarios para rendir un informe pericial sobre los daños físicos y emocionales. Así, pues, los recurridos solicitaron la exclusión de dicha evidencia. El TPI acogió la moción y, consecuentemente, dio por renunciada la prueba pericial de los peticionarios “sobre daños físicos y emocionales, por lo que no se permitirá la presentación tardía del referido informe ni el uso de prueba pericial no producida dentro del término concedido para esos fines”.5 Cabe mencionar que la Orden interlocutoria recurrida fue objeto de una Moción de reconsideración, presentada y notificada el 29 de junio de 2026;6 esto es, en exceso de los quince días provistos por la Regla 47 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V. Si bien la norma procesal establece que dicho plazo es de cumplimiento estricto y, por ende, prorrogable, lo cierto es que el escrito de los peticionarios no acreditó en absoluto la justa causa por la cual no se cumplió con el término estatuido. Recuérdese que los términos de cumplimiento estricto no son meros formalismos. Al respecto, el Tribunal Supremo de Puerto Rico ha pautado que los tribunales podrán eximir a una parte de cumplir un término de cumplimiento estricto si están presentes dos condiciones, a saber: (1) que, en efecto, exista justa causa para la dilación y (2) que la parte le demuestre detalladamente al tribunal las bases razonables que tiene para la dilación; es decir, que la parte interesada acredite de manera adecuada la justa causa aludida. En ausencia de alguna de estas dos condiciones, los tribunales carecen de discreción para prorrogar los términos de cumplimiento estricto. (Cursivas en el original y cita suprimida). Soto Pino v. Uno Radio Group, 189 DPR 84, 93 (2013), refrendado en Rivera Marcucci et al. v. Suiza Dairy, 196 DPR 157, 171 (2016). 5 Debido al cese de funciones de la Hon. Ladi Buono de Jesús el 16 de junio de 2026, luego del dictamen recurrido, el caso se asignó ante la consideración de otra magistrada. Véase, entrada 94 SUMAC-TPI. 6 Entrada 95 SUMAC-TPI; véanse, además, las entradas 96, Orden dirigida a la parte recurrida para que exponga su postura; 97, Moción en oposición a reconsideración; y 99, Resolución interlocutoria de 13 de julio de 2026, que declaró no ha lugar la Moción de reconsideración. TA2026CE00897 3 Ausentes ambos requisitos en el escrito judicial de los peticionarios, el TPI estaba impedido de prorrogar el plazo. A tales efectos, concluimos que la solicitud para reconsiderar no interrumpió el término para recurrir en alzada el pronunciamiento judicial. No obstante lo anterior, la parte peticionaria acudió ante nos de manera oportuna el 10 de julio de 2026, por lo que ostentamos jurisdicción para examinar el recurso discrecional. En éste, se expuso la comisión del siguiente error: ERRÓ EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DECLARAR HA LUGAR LA SOLICITUD DE LA PARTE DEMANDADA- RECURRIDA DAR POR RENUNCIADA LA PRUEBA PERICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE SOBRE DAÑOS FÍSICOS Y EMOCIONALES. En esencia, los peticionarios argumentaron que durante todo el trámite del caso siempre han expresado que los únicos peritos que testificarían como testigos son los peritos de ocurrencia. Añadieron que, para ello, suministraron a la parte recurrida y antes del plazo establecido copia certificada del expediente médico de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), así como de toda la documentación existente en la Sociedad de Educación y Rehabilitación de Puerto Rico (SER). Acotaron que, en dichos informes, “aparecen [los] nombre[s] de los peritos de ocurrencia que hemos anunciado utilizaremos como testigos en el presente caso”.7 Enfatizaron que, conforme con la Minuta de 12 de junio de 2025,8 “se aclaró que ninguna de las partes contrataría peritos independientes. […] se confirmó que en este momento ambas partes renunciaban a presentar prueba pericial independiente, incluso si ACAA eventualmente da de alta al demandante”. (Énfasis en el original suprimido). Por su parte, los recurridos presentaron un Memorando en oposición a la expedición del certiorari el 20 de julio de 2026.9 Señalaron 7 Véase, entrada 1, págs. 19-20, SUMAC-TA. 8 Entrada 76 SUMAC-TPI. 9 Entrada 3 SUMAC-TA. TA2026CE00897 4 el reiterado incumplimiento de los peticionarios de proveer el informe pericial sobre daños físicos y emocionales. Expresaron que, mientras el 2 de diciembre de 2025, el TPI concedió a los peticionarios un término para rendir un informe pericial independiente sobre daños físicos y emocionales;10 no fue hasta la Moción de reconsideración que, por primera vez, los peticionarios mencionaron el uso de prueba pericial de ocurrencia. Por ello, indicaron que “en el caso ante nos la exclusión de la prueba pericial no fue de peritos de ocurrencia[,] sino de prueba pericial independiente”.11 Como se conoce, la Regla 52.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, delimita las instancias en las cuales este foro intermedio tiene autoridad para atender los recursos de certiorari. En su parte pertinente, la norma dispone que, como excepción, el Tribunal de Apelaciones podrá revisar órdenes o resoluciones interlocutorias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia cuando se recurran decisiones sobre la admisibilidad de testigos de hechos o peritos esenciales. La regla dispone también que, al denegar la expedición de un recurso de certiorari, este Tribunal de Apelaciones no tiene que fundamentar su decisión. Además del examen objetivo antes descrito, para ejercer sabia y prudentemente nuestra facultad discrecional al determinar si expedimos o denegamos un recurso de certiorari, nos guiamos por los siete criterios esbozados en la Regla 40 del Reglamento del Tribunal de Apelaciones, 4 LPRA Ap. XXII-B.12 Claro está, es norma asentada que este tribunal 10 Entradas 80-81 SUMAC-TPI. 11 Véase, entrada 3, pág. 10, SUMAC-TA. 12 Al determinar la expedición de un auto de certiorari, este Tribunal toma en consideración los siguientes criterios: (A) Si el remedio y la disposición de la decisión recurrida, a diferencia de sus fundamentos, son contrarios a derecho. (B) Si la situación de hechos planteada es la más indicada para el análisis del problema. (C) Si ha mediado prejuicio, parcialidad o error craso y manifiesto en la apreciación de la prueba por el Tribunal de Primera Instancia. (D) Si el asunto planteado exige consideración más detenida a la luz de los autos originales, los cuales deberán ser elevados, o de alegatos más elaborados. (E) Si la etapa del procedimiento en que se presenta el caso es la más propicia para su consideración. TA2026CE00897 5 intermedio no interviene con las determinaciones emitidas por el foro primario ni sustituye su criterio discrecional, “salvo que se pruebe que dicho foro actuó con prejuicio o parcialidad, incurrió en craso abuso con el ejercicio de la discreción, o que incurrió en error manifiesto”. (Cursivas en el original). Citibank et al. v. ACBI et al., 200 DPR 724, 736 (2018) y la jurisprudencia allí citada. En lo atinente al caso, la Regla 23.1 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, establece el alcance del descubrimiento de prueba. En lo que compete, el inciso (a) estatuye que “[l]as partes podrán hacer descubrimiento sobre cualquier materia, no privilegiada, que sea pertinente al asunto en controversia en el pleito pendiente, ya se refiera a la reclamación o defensa de cualquier otra parte…”. En armonía, el inciso (b) dispone que “[u]na parte podrá requerir de la otra una lista de las personas testigos que la parte solicitada intenta utilizar en el juicio, así como un resumen breve de lo que se propone declarar cada una. Igualmente, cualquier parte podrá requerir a cualquier otra que produzca copia de todas las declaraciones de testigos en poder de dicha parte”. Con relación a la persona perita, gobierna el inciso (c) de la Regla 23.1, que reza en el inciso (c)(1) como sigue: Una parte podrá, a través de interrogatorios, requerir a cualquier otra parte que suministre el nombre y la dirección de las personas peritas que haya consultado y de los que intente presentar en el juicio. Respecto a estas últimas, podrá requerirse a la parte que exprese la materia sobre la cual la persona perita se propone declarar, así como un resumen de sus opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos o los argumentos que sostienen las opiniones. A solicitud de parte, el tribunal podrá ordenar el descubrimiento de prueba pericial por cualquier otro medio, sujeto a aquellas condiciones o limitaciones que estime razonables. Ciertamente, la citada norma procesal reconoce el derecho de la parte contraria de conocer quién es el perito, su dirección y un resumen (F) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa no causan un fraccionamiento indebido del pleito y una dilación indeseable en la solución final del litigio. (G) Si la expedición del auto o de la orden de mostrar causa evita un fracaso de la justicia. TA2026CE00897 6 de los hechos y fundamentos en los cuales apoyará su opinión pericial en el juicio. Además, la parte adversa puede indagar sobre el contenido específico del testimonio que se brindará, así como los fundamentos para el mismo, a través de los mecanismos de descubrimiento de prueba. Ahora, es menester distinguir a los peritos de ocurrencia de los peritos intermedios y los peritos en general. En el caso de los peritos de ocurrencia —de ordinario sin derecho a remuneración— se trata de aquellos peritos testigos “que de antemano han obtenido conocimiento extrajudicial de los hechos a través de observaciones directas o por participación en eventos subsiguientemente pertinentes a la litigación. […] Son personas que han tenido percepción inmediata de los hechos y, como tales, poseen información irreemplazable. Se distingue[n] del testigo ordinario en que utiliza[n] su entrenamiento especial al percibir los sucesos”. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, 114 DPR 704, 718 (1983); además, Boitel Santana v. Cruz, 129 DPR 725, 732 (1992). Por otro lado, los peritos intermedios han realizado estudios específicos durante el proceso, por lo que están familiarizados con los hechos particulares del caso. En cuanto a los peritos en general, éstos no están relacionados con los hechos en controversia; ni han presenciado los acontecimientos y tampoco han realizado estudios especiales de los hechos particulares del caso. San Lorenzo Trad., Inc. v. Hernández, supra. Por lo general, los peritos testigos o de ocurrencia reciben un trato distinto al de los demás peritos durante el descubrimiento de prueba, ya que a la parte promovente de la evidencia pericial se les puede exigir que exprese la materia sobre la cual va a declarar el perito testigo, que entregue un resumen de sus opiniones y una breve expresión de las teorías, los hechos o argumentos que las sostienen. S.L.G. v. Mini- Warehouse, 179 DPR 322, 339 (2010). El requerimiento propende a que la parte contraria pueda prepararse adecuadamente para contrainterrogar y refutar el testimonio de un perito testigo o de TA2026CE00897 7 ocurrencia. J.A. Cuevas Segarra, Tratado de Derecho Procesal Civil, 2da ed., San Juan, Publicaciones JTS, 2011, T. III, pág. 868. Incluso, la doctrina ha expresado que “[c]omo médico de tratamiento, éste puede testificar —sin ser considerado perito— sobre la causa de la condición médica que presenta el paciente, el diagnostico, el pronóstico, y la extensión de la incapacidad, si alguna causada por el daño”. Id., pág. 871. Puede, además, testificar sobre el grado de la lesión en el futuro o cualquier otro relacionado con el diagnóstico y tratamiento. Id. Así pues, el alcance del descubrimiento de los peritos de ocurrencia es similar al de un testigo de hechos, por lo que no se requiere necesariamente la presentación y entrega de un informe pericial como condición para que una parte pueda presentar el testimonio de este tipo de perito. Por último, compete aludir a la Regla 34.3(b)(2) de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, la cual establece entre los remedios ante el incumplimiento de una orden para llevar a cabo o permitir el descubrimiento de prueba, que el Tribunal emita todas aquellas órdenes que sean justas; entre ellas, una orden para impedir a dicha parte que incumplió la presentación de determinada materia en evidencia. Ello así, toda vez que, “[c]omo regla general, los tribunales están obligados a desalentar la práctica de falta de diligencia e incumplimiento con las órdenes del tribunal mediante su efectiva, pronta y oportuna intervención”. Mejías et al. v. Carrasquillo et al., 185 DPR 288, 298 (2012). En la presente causa, contrario a lo expuesto por la parte recurrida, surge del expediente que, el 18 de febrero de 2025, los peticionarios anunciaron prueba pericial de ocurrencia, en referencia a los doctores Ruth Rojas, Nancy Alicea Valentín y Vicente López Hidalgo.13 Asimismo, los peticionarios negaron el uso de prueba pericial independiente sobre daños físicos y emocionales, hasta la vista de estado 13Entrada 55 SUMAC-TPI. Se aclara que, en el Informe para el manejo de caso, los peticionarios no aludieron a prueba pericial alguna; entrada 35 SUMAC-TPI. TA2026CE00897 8 de los procedimientos celebrada el 2 de diciembre de 2025.14 Por consiguiente, el TPI les concedió hasta el 27 de febrero de 2026 para rendir dicho informe. Advirtió, sin embargo, que el incumplimiento con el término conllevaría la renuncia a dicha prueba. Transcurrido el plazo, los recurridos informaron el primer incumplimiento de los peticionarios.15 En respuesta, el TPI dio por renunciada “la prueba pericial independiente sobre daños de la parte demandante”.16 Entonces, los peticionarios solicitaron una reconsideración oportuna;17 la cual el TPI acogió sin ambages e instruyó a las partes a presentar un nuevo plan de descubrimiento de prueba.18 Luego de evaluar los escritos presentados por los litigantes,19 según propuesto por los mismos peticionarios, el TPI dictó una Resolución interlocutoria,20 en la que consignó a favor de éstos un término final y perentorio hasta el 3 de junio de 2026 para rendir el informe pericial sobre daños físicos y emocionales; así como un plazo a los recurridos hasta el 3 de agosto de 2026 para someter su correspondiente informe pericial. Fijó la conclusión del descubrimiento de prueba hasta el 14 de agosto de 2026. La presentación del informe de conferencia con antelación al juicio se pautó para el 21 de agosto de 2026. Además, señaló una vista transaccional para el 28 de agosto de 2026. Así las cosas, según reseñamos, los peticionarios incumplieron por segunda ocasión la rendición del informe pericial, conforme fue informado por los recurridos. En consecuencia, el TPI notificó la Orden aquí impugnada, dando por renunciada la prueba pericial independiente de la parte demandante sobre daños físicos y emocionales. 14 Entradas 76 y 81 SUMAC-TPI. 15 Entrada 82 SUMAC-TPI. 16 Entrada 83 SUMAC-TPI. 17 Entrada 84 SUMAC-TPI. 18 Entrada 85 SUMAC-TPI. 19 Entradas 86 y 88 SUMAC-TPI. 20 Entrada 89 SUMAC-TPI. TA2026CE00897 9 Luego de examinar cuidadosamente el expediente de autos y en sintonía con lo expresado por los recurridos, somos de la opinión que el TPI vetó únicamente la presentación de prueba pericial independiente sobre los daños físicos y emocionales de los peticionarios, no la prueba pericial de ocurrencia. Es decir, no se ha impedido que los médicos testigos que intervinieron con la parte demandante y peticionaria puedan testificar sobre el diagnóstico, tratamiento, prognosis, incapacidad, etc., sin que sean considerados peritos. De igual modo, los mecanismos de descubrimiento de prueba estatuidos en el ordenamiento procesal proveen las herramientas para que la parte recurrida indague acerca de las materias sobre las cuales declararían, así como los hechos o argumentos que sostienen sus opiniones y teorías, de manera que pueda preparar adecuadamente su defensa. Nótese que, según los dichos de los peticionarios, desde el 12 y 25 de mayo de 2026, la parte recurrida cuenta con copia certificada de los expedientes de la ACAA y SER, respectivamente. En atención a la normativa esbozada y en observancia a la Regla 40 de nuestro Reglamento, concluimos que se cumplen con varios de los criterios allí esbozados que justifican nuestra intervención. Estimamos que esta etapa de los procedimientos es la más propicia, ya que no se fracciona ni se dilata el proceso judicial de manera indebida; mientras que la distinción entre peritos según expuesta evita un fracaso de la justicia. Ahora bien, dada la amplia oportunidad brindada a los peticionarios, en el ejercicio de su discreción y manejo del caso para desalentar el incumplimiento con las órdenes, no nos resulta irrazonable la determinación impugnada de no permitirles la presentación de prueba pericial independiente sobre daños físicos y emocionales. Decididamente, no se ha demostrado que, al adoptar dicha decisión, el TPI haya actuado con pasión, prejuicio o parcialidad, que incurrió en craso abuso con el ejercicio de su discreción o en un error manifiesto. En suma, una vez TA2026CE00897 10 aclarada la dimensión del dictamen, no identificamos la presencia de circunstancias que justifiquen variar la Orden recurrida. Procede su confirmación. Por los fundamentos expuestos, se expide del auto de certiorari solicitado y se confirma la Orden impugnada. Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones