Full Opinion

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL ESPECIAL ERNESTO RUIZ ROMERO Apelación procedente del Apelante Tribunal de Primera Instancia, V. Sala Superior de TA2026AP00692 San Ponce IVÁN AYALA CRUZ; PONTIFICIA UNIVERSIDAD Caso Núm.: CATÓLICA DE PUERTO RICO JD2025CV00565 Apelados Sobre: Daños Panel integrado por su presidente, el Juez Hernández Sánchez, el Juez Rivera Torres y el Juez Marrero Guerrero. Marrero Guerrero, Juez Ponente SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 11 de agosto de 2026. Comparece, por derecho propio e in forma pauperis, el señor Ernesto Ruiz Romero (apelante), quien solicita la revisión de una Sentencia emitida el 15 de mayo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Ponce (TPI).1 Mediante el referido dictamen, el foro primario declaró Ha Lugar las solicitudes de desestimación por prescripción presentadas por el licenciado Iván Ayala Cruz y la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR) (en conjunto, apelados). En consecuencia, desestimó con perjuicio la Demanda del apelante, tras concluir que fue presentada una vez transcurrido el término prescriptivo de un (1) año, esto es, siete (7) años después de que desistiera sin perjuicio de una acción incoada contra las mismas partes y basada en los mismos hechos. Por los fundamentos que se exponen a continuación, se confirma la determinación apelada. I. Este caso se originó el 11 de agosto de 2025, cuando el señor Ruiz Romero presentó una Demanda en daños contra los apelados.2 1 Entrada Núm. 47 del caso JD2025CV00565 en el Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). Notificada el 22 de mayo de 2026. 2 Íd., Entrada Núm. 1 en SUMAC. TA2026AP00692 2 Alegó que contrató al Lcdo. Ayala Cruz para instar una reclamación contra la PUCPR y St. James Security por suspensión y agresión. Adujo que advirtió al letrado sobre el vencimiento del término prescriptivo y que su secretaria le aseguró que la demanda se había radicado. Arguyó que, posteriormente, el abogado le informó que no había incoado la acción y le devolvió la suma pagada. El apelante atribuyó tal omisión a la alegada interferencia de la PUCPR, que habría instado al letrado a no presentar la demanda. Tras varios trámites procesales, el 11 de noviembre de 2025, el Lcdo. Ayala Cruz solicitó la desestimación con perjuicio de la Demanda al amparo de la Regla 39.2 de Procedimiento Civil, 32 LPRA Ap. V, R. 39.2.3 Señaló que el señor Ruiz Romero había incoado en el 2016, bajo el caso J AC2016-0352, una acción por los mismos hechos y las mismas alegaciones que culminó el 24 de abril de 2018 con una sentencia de desistimiento. Planteó que el apelante instó nuevamente la acción siete (7) años después de desistir de su primera Demanda, cuando disponía de un término prescriptivo de un (1) año. En su oposición de 17 de noviembre de 2025, el señor Ruiz Romero reconoció, en términos generales, que la acción anterior versaba sobre la misma materia, pero negó que la presente estuviera prescrita.4 Alegó que el desistimiento anterior fue involuntario, toda vez que resultó de un acuerdo alcanzado en un procedimiento penal mientras se encontraba no procesable, circunstancias que, según alegó, conocía el Lcdo. Ayala Cruz. Por ello, sostuvo que el dictamen que acogió el desistimiento era nulo y podía impugnarse en cualquier momento. Adujo que las condiciones de su libertad a prueba le impidieron presentar la demanda hasta el 20 de abril de 2025. Más adelante, el 25 de febrero de 2026, la PUCPR solicitó la desestimación de la Demanda y adoptó por referencia los 3 Íd., Entrada Núm. 18. 4 Íd., Entrada Núm. 23. TA2026AP00692 3 fundamentos expuestos por el Lcdo. Ayala Cruz.5 En su comparecencia expuso que, aun tomando como ciertas las alegaciones, las reclamaciones estaban prescritas, ya que estaban basadas en hechos ocurridos hacía casi una década sin que se hubiese interrumpido el término prescriptivo. El 23 de marzo de 2026, el Lcdo. Ayala Cruz presentó una segunda moción de desestimación.6 Fundamentó su petitorio en que la Demanda reproducía los hechos y las alegaciones del caso que el señor Ruiz Romero desistió en el 2018. Reiteró que el apelante disponía de un (1) año para presentar nuevamente su reclamación, por lo que la acción incoada siete (7) años después estaba prescrita. Eventualmente, el 24 de abril de 2026, el señor Ruiz Romero se opuso a la desestimación.7 Adujo que el dictamen del pleito anterior fue con perjuicio y que, por entender que constituía cosa juzgada, el término prescriptivo no había transcurrido. Afirmó, además, que los apelados habían renunciado a dicha defensa. Asimismo, formuló alegaciones de fraude y conspiración para impedir su acceso al tribunal, violaciones al debido proceso de ley relacionadas con su no procesabilidad y falta de autoridad de la sala criminal para presuntamente disponer de la acción civil, entre otros. Sometido el asunto, el 15 de mayo de 2026, el TPI tomó conocimiento judicial del expediente J AC2016-0352 y determinó que el apelante había presentado una acción contra las mismas partes y por los mismos hechos, de la cual desistió sin perjuicio el 24 de abril de 2018.8 Razonó que la reclamación estaba sujeta al término prescriptivo de un (1) año y que el apelante disponía de tal plazo, contado desde el desistimiento, para presentar nuevamente la Demanda o interrumpir la prescripción. Debido a que la acción se 5 Íd., Entrada Núm. 25 en SUMAC. 6 Íd., Entrada Núm. 30 en SUMAC. 7 Íd., Entrada Núm. 45 en SUMAC. 8 Íd., Entrada Núm. 47 en SUMAC. Notificada el 22 de mayo de 2026. TA2026AP00692 4 incoó siete (7) años después, el foro primario concluyó que estaba prescrita. En consecuencia, declaró Ha Lugar las mociones de desestimación y desestimó la Demanda con perjuicio. Insatisfecho, el 5 de junio de 2026, el apelante solicitó reconsideración,9 la cual el foro a quo declaró No Ha Lugar mediante Resolución emitida el 12 de junio de 2026.10 Inconforme, el 29 de junio de 2026, el señor Ruiz Romero presentó un recurso de apelación ante este Tribunal, mediante el cual formuló dos (2) señalamientos de error. Primero, en esencia, imputó al TPI aplicar indebidamente el término prescriptivo de un (1) año correspondiente a las acciones extracontractuales. Afirmó que su reclamación era de naturaleza contractual y estaba sujeta a un término prescriptivo de cuatro (4) años que, según su cómputo, transcurrió del 10 de enero de 2022 al 10 de enero de 2026. Por ello, sostuvo que la Demanda presentada en 2025 era oportuna. También, alegó que el término quedó suspendido hasta el 20 de abril de 2025 debido a impedimentos para acceder al TPI relacionados con su no procesabilidad y varios procedimientos penales. Añadió que el dictamen anterior fue con perjuicio y que cualquier impugnación debía tramitarse mediante una solicitud de relevo de sentencia. Segundo, el apelante argumentó que el foro primario vulneró su derecho al debido proceso de ley al no atender sus planteamientos sobre la naturaleza contractual de la reclamación ni aquellos atinentes al acuerdo entre las partes, acceso a los tribunales y a la ley federal Americans with Disabilities Act. Asimismo, planteó que los asuntos que, a su juicio, el TPI dejó sin resolver no podían considerarse adjudicados para fines de la doctrina de cosa juzgada. Por su parte, el 19 de julio de 2026, la PUCPR expuso que la reclamación era de naturaleza extracontractual y estaba sujeta al 9 Íd., Entrada Núm. 50 en SUMAC. 10 Íd., Entrada Núm. 51 en SUMAC. Notificada el 15 de junio de 2026. TA2026AP00692 5 término prescriptivo de un (1) año. Precisó que la Demanda anterior interrumpió dicho término, pero este comenzó a computarse nuevamente tras el desistimiento de la acción sin perjuicio. Destacó que la presente acción fue incoada aproximadamente siete (7) años después y que el recurso no identificó ningún acto interruptor reconocido por el ordenamiento jurídico. Asimismo, descartó que las referencias a otros procedimientos o la invocación de una teoría contractual desvirtuaran la prescripción. Respecto al segundo señalamiento, indicó que la prescripción constituía un fundamento que hacía innecesario atender los restantes planteamientos de índole contractual, constitucional y federal, los cuales no revivían una causa de acción prescrita. En cuanto al debido proceso de ley, enfatizó que el apelante fue notificado, tuvo oportunidad de oponerse a las mociones de desestimación y recibió una prórroga adicional para hacerlo. Agregó que esa garantía no aseguraba que los planteamientos de una parte prevalecieran ni obligaban al tribunal a discutir cada alegación cuando existía un fundamento jurídico que disponía del pleito. II. A. Término prescriptivo El Artículo 1868 del Código Civil de 1930, 31 LPRA sec. 5298 (derogado), aplicable a esta controversia, establecía un término prescriptivo de un (1) año para las acciones dirigidas a exigir responsabilidad civil por culpa o negligencia, contado desde que la persona agraviada tenía conocimiento. Conforme a la teoría cognoscitiva del daño, dicho plazo comienza cuando el reclamante conoce o debió conocer el daño, quién lo causó y los elementos necesarios para ejercer su causa de acción. Col. Mayor Tecn. v. Rodríguez Fernández, 194 DPR 635 (2016). Las acciones de daño por impericia profesional, incluida la atribuida a un abogado, se rigen por las normas de responsabilidad TA2026AP00692 6 extracontractual, independientemente de que exista una relación contractual entre las partes. Martínez Marrero v. González Droz, 180 DPR 579 (2011); Colón Prieto v. Géigel, 115 DPR 232 (1984). De igual modo, la interferencia culposa con las obligaciones contractuales de terceros constituye una acción extracontractual. Gen. Office Products v. AM Capen’s Sons, 115 DPR 553 (1984). La prescripción extintiva acarrea la pérdida del derecho a ejercer una acción que no se instó dentro del plazo dispuesto, salvo que medie una interrupción eficaz. Esta figura procura estimular el ejercicio oportuno de las acciones y conferir estabilidad a las relaciones jurídicas. Cacho González et al. v. Santarrosa et al., 203 DPR 215 (2019); Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, 186 DPR 365 (2012); COSSEC et al. v. González López et al., 179 DPR 793 (2010). Además, evita dificultades probatorias inherentes a una reclamación tardía: la pérdida de evidencia, la imprecisión de la memoria y la dificultad para localizar testigos. Fraguada Bonilla v. Hosp. Aux. Mutuo, supra; Campos v. Cía. Fom. Ind., 153 DPR 137 (2001). Por su parte, el Artículo 1873 del Código Civil de 1930, supra, sec. 5303, reconocía tres (3) mecanismos para interrumpir la prescripción: el ejercicio de la acción ante los tribunales, la reclamación extrajudicial y el reconocimiento de la deuda por el deudor. Una vez producida la interrupción, el término prescriptivo comienza a computarse nuevamente desde el acto interruptor. Meléndez Guzmán v. Berríos López, 172 DPR 1010 (2008); Pereira Suárez v. Jta. Dir. Cond., 182 DPR 485 (2011). Este admite interrupciones sucesivas, siempre que cada acto interruptor ocurra oportunamente, esto es, antes de consumarse el plazo vigente. Íd. Cuando una reclamación judicial culmina mediante desistimiento sin perjuicio, la interrupción subsiste hasta que termina definitivamente el pleito. Si el desistimiento no requiere autorización judicial, conforme a la Regla 39.1 (a) de Procedimiento TA2026AP00692 7 Civil, supra, R. 39.1 (a), la presentación del aviso pone fin a la acción y, desde esa fecha, comienza a transcurrir el término prescriptivo para incoar nuevamente la reclamación. Ross Valedón v. Hosp. Dr. Susoni et al., 213 DPR 481 (2024); Agosto Ortiz v. Mun. de Río Grande, 143 DPR 174 (1997); García Aponte et al. v. ELA et al., 135 DPR 137 (1994). En cambio, cuando resulta indispensable la intervención judicial bajo la Regla 39.1 (b) de Procedimiento Civil, supra, R. 39.1 (b), el término comienza a decursar desde la notificación de la determinación que autoriza el desistimiento. Ross Valedón v. Hosp. Dr. Susoni et al., supra; Agosto Ortiz v. Mun. de Río Grande, supra. III. En el presente caso, el señor Ruiz Romero formuló dos (2) señalamientos de error que, en síntesis, cuestionan la desestimación por prescripción. Primero, sostuvo que su reclamación era contractual y estaba sujeta a un término prescriptivo de cuatro (4) años. Segundo, adujo que el TPI vulneró su derecho al debido proceso de ley al no atender sus argumentos sobre la naturaleza contractual de la reclamación, el acceso a los tribunales y la legislación federal. Tras evaluar detenidamente el expediente, resulta menester concluir que no le asiste la razón al apelante. La Demanda imputa al Lcdo. Ayala Cruz una omisión en el desempeño de la representación legal para la cual fue contratado y a la PUCPR una interferencia con esa relación. La primera constituye una acción por impericia profesional y la segunda por interferencia torticera, ambas de naturaleza extracontractual. La existencia de una relación contractual entre el apelante y el letrado no altera la naturaleza de la impericia alegada. Por tanto, las reclamaciones estaban sujetas al término prescriptivo de un (1) año dispuesto en el Artículo 1868 del Código Civil de 1930, supra, sec. 5298. La acción presentada por el apelante en el 2016 contra las mismas partes y por los mismos hechos interrumpió dicho término. TA2026AP00692 8 No obstante, el foro a quo tomó conocimiento judicial del expediente J AC2016-0352 y determinó que el apelante desistió sin perjuicio de su causa de acción mediante Sentencia notificada el 24 de abril de 2018. Concluido aquel pleito, comenzó a transcurrir un nuevo término de un (1) año para incoar la reclamación. En consecuencia, el plazo venció en el 2019, mientras que la Demanda de autos se presentó el 11 de agosto de 2025. El cómputo de cuatro (4) años propuesto por el apelante, del 10 de enero de 2022 al 10 de enero de 2026, carece de apoyo en la naturaleza de las acciones alegadas y en el efecto jurídico del desistimiento. Asimismo, del expediente no surgió que el apelante efectuó algún acto interruptor dentro del año siguiente al desistimiento. Sus referencias a la no procesabilidad, los procedimientos penales y las restricciones impuestas durante su libertad a prueba no constituyen actos interruptores reconocidos por el Artículo 1873 del Código Civil de 1930, supra, sec. 5303. Tampoco surge que el dictamen anterior fue dejado sin efecto. Por consiguiente, dichas circunstancias que presuntamente subsistieron hasta el 20 de abril de 2025 no podían conferir eficacia interruptora a una reclamación presentada luego de vencido el término. En cuanto al segundo señalamiento, el expediente demuestra que el apelante fue notificado de las solicitudes de desestimación, tuvo oportunidad de oponerse y obtuvo un término adicional para hacerlo. De hecho, presentó sus oposiciones y posteriormente solicitó reconsideración. Por ello, no fue privado de un procedimiento justo ni de la oportunidad de exponer su posición. Que el TPI no acogiera ni discutiera individualmente cada argumento tampoco constituye una vulneración al debido proceso de ley, particularmente cuando la prescripción disponía íntegramente del pleito. Finalmente, el planteamiento sobre cosa juzgada tampoco altera el resultado, pues el TPI no desestimó la Demanda al amparo TA2026AP00692 9 de esa doctrina, sino porque la reclamación se presentó fuera del término prescriptivo aplicable. Vencido dicho término en el 2019 sin interrupción oportuna, la reclamación presentada en el 2025 estaba prescrita y procedía su desestimación con perjuicio. Así las cosas, procede confirmar la Sentencia apelada. IV. Por los fundamentos antes expuestos, se confirma la Sentencia apelada. Lo acuerda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones