Full Opinion

Estado Libre Asociado de Puerto Rico TRIBUNAL DE APELACIONES PANEL VII EVANGELINA ORTIZ PIZARRO Apelación procedente del Apelante Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina v. TA2026AP00599 Caso Núm.: CA2025CV02964 DOCTORS’ CENTER HOSPITAL CAROLINA, LLC Y OTROS Sobre: Caída, Apelado Responsabilidad con Invitados Panel integrado por su presidente, el Juez Rodríguez Casillas, la Juez Barresi Ramos y la Jueza Santiago Calderón Santiago Calderón, Jueza Ponente SENTENCIA En San Juan, Puerto Rico, a 12 de agosto de 2026. Comparece ante nos la señora Evangelina Ortiz Pizarro (señora Ortiz Pizarro o apelante) mediante recurso de Apelación y solicita la revocación de la Sentencia1 emitida y notificada el 14 de mayo de 2026 por el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de Carolina (TPI o foro apelado). Mediante el referido dictamen, el TPI declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria2 presentada el 16 de abril de 2026, por The Medical Protective Company (MedPro) la cual, el 20 de abril de 2026, adoptaron por referencia Doctors’ Center Hospital Carolina LLC. (Doctors’) y DCH Insurance Ltd. (DCH) (en conjunto, apelados), mediante Moción Uniéndonos a Solicitud de Sentencia Sumaria Presentada por The Medical Protective Company y en Cumplimiento de Orden3, y, en consecuencia, desestimó con perjuicio la Demanda4 instada por la apelante. 1 Anejo 91 del recurso de Apelación. 2 Anejo 81 del recurso de Apelación. 3 Anejo 85 del recurso de Apelación 4 Anejo 1 del recurso de Apelación. TA2026AP00599 2 Por los fundamentos que expondremos a continuación, confirmamos la Sentencia apelada, por otro fundamento. I. El caso de autos tuvo su génesis el 16 de septiembre de 2025, cuando la señora Ortiz Pizarro instó una Demanda sobre daños y perjuicios en contra de los apelantes, en la que, en síntesis, reclamó daños sufridos como consecuencia de una caída mientras se encontraba hospitalizada en las facilidades de Doctors’. El 2 de enero de 2026, MedPro presentó su Contestación a Demanda5, en la cual negó las alegaciones de la Demanda y cualquier responsabilidad por los daños reclamados. No obstante, admitió únicamente la existencia de una póliza de seguro emitida a favor de Doctors’, sujeta a sus términos y límites. Además, sostuvo que no existía nexo causal entre las actuaciones de su asegurado y los daños alegados; que no adeudaba suma alguna a la apelante y que los daños reclamados eran excesivos, especulativos, preexistentes o atribuibles a la propia señora Ortiz Pizarro o a terceros. Asimismo, levantó diversas defensas afirmativas, entre estas: negligencia comparada, prescripción, caducidad, cosa juzgada, transacción y falta de parte indispensable. Finalmente, solicitó la desestimación de la Demanda con imposición de costas y honorarios de abogado. A su vez, el 7 de enero de 2026, Doctors’ y DCH sometieron su Contestación a Demanda6 en la cual negaron responsabilidad por la alegada caída de la apelante y sostuvieron que el hospital actuó conforme al estándar de cuidado aplicable. Alegaron que el incidente fue causado por los actos u omisiones de la propia señora Ortiz Pizarro; que ésta fue debidamente orientada sobre prevención de caídas; que recibió el tratamiento médico adecuado y que no había 5 Anejo 28 del recurso de Apelación. 6 Anejo 29 del recurso de Apelación. TA2026AP00599 3 presentado prueba suficiente que estableciera las lesiones reclamadas ni su relación causal con el evento. Además, levantaron múltiples defensas afirmativas, tales como: falta de causa de acción, prescripción, ausencia de nexo causal, negligencia comparada y asunción de riesgo por parte de la apelante. También solicitaron la desestimación de la Demanda. Iniciado el descubrimiento de prueba, el 1 de marzo de 2026, el TPI emitió y notificó una Orden7 en la cual le concedió a la señora Ortiz Pizarro hasta el 13 de marzo de 2026 para que expresara las razones por las cuales no había contestado oportunamente ciertos descubrimientos de prueba. De igual manera, le ordenó mostrar causa por la cual no debía desestimarse la Demanda de concluirse el descubrimiento de prueba sin haberse anunciado prueba pericial, al entender que dicha prueba constituía un requisito indispensable para probar una reclamación de impericia médica. En cumplimiento con lo requerido por el foro apelado, el 10 de marzo de 2026, la apelante sometió una Moción en Cumplimiento de Orden y Expresando Razones por las Cuales no Procede la Desestimación de la Demanda ni Presentación de Prueba Pericial8. Allí sostuvo que la controversia argüida no constituía una reclamación de impericia médica, sino una acción basada en negligencia relacionada con la supervisión, asistencia y cuidado razonable de una paciente hospitalizada. Ante ello, el 13 de marzo de 2026, el TPI emitió y notificó una Orden9 en donde declaró concluido el descubrimiento de prueba y ordenó a las partes que presentaran el informe preliminar entre abogados no más tarde del 10 de abril de 2026. A tales fines, en la referida fecha, las partes presentaron el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados10. 7 Anejo 58 del recurso de Apelación. 8 Anejo 65 del recurso de Apelación. 9 Anejo 70 del recurso de Apelación. 10 Entrada núm. 79 del Sistema Unificado de Manejo y Administración de Casos (SUMAC). TA2026AP00599 4 El 16 de abril de 2026, MedPro presentó una Solicitud de Sentencia Sumaria11 en donde esgrimió que no existía controversia real de hechos materiales y que la señora Ortiz Pizarro carecía de prueba pericial para demostrar que el hospital se apartó de los estándares profesionales de cuidado. Sostuvo que la reclamación surgía de una alegada falta de supervisión relacionada con una caída sufrida por la paciente mientras estaba hospitalizada, pero que la propia apelante admitió no contar con perito y pretendía catalogar el caso como uno de negligencia ordinaria. Por tanto, arguyó que sin prueba pericial que estableciera negligencia y nexo causal, la Demanda no podía prevalecer como cuestión de derecho. Posteriormente, el 20 de abril de 2026, Doctors’ y DCH sometieron una Moción Uniéndonos a Solicitud de Sentencia Sumaria Presentada por The Medical Protective Company y en Cumplimiento de Orden12. Allí adoptaron los argumentos contenidos en la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por MedPro. Por su lado, el 6 de mayo de 2026, la señora Ortiz Pizarro presentó su Oposición a Solicitud de Sentencia Sumaria13 y sostuvo que el caso no constituía una acción clásica de impericia médica, que existían controversias genuinas de hechos materiales y que la controversia giraba en torno a omisiones de supervisión, asistencia y cuidado razonable hacia una paciente hospitalizada. El 13 de mayo de 2026, el TPI celebró la conferencia con antelación a Juicio14, en la misma se discutió el informe de 11 Anejo 81 del recurso de Apelación. La Solicitud de Sentencia Sumaria estuvo acompañada de los siguientes documentos: Certificado de copia fiel y exacta del expediente de salud de la señora Ortiz Pizarro; Requerimiento de Admisiones cursado a la apelante; Contestación a Requerimiento de Admisiones, el cual incluyó el juramento de la señora Ortiz Pizarro, Initial Adult Triage y Transfer Receiving. 12 Anejo 85 del recurso de Apelación. 13 Anejo 88 del recurso de Apelación. La oposición estuvo acompañada de los siguientes documentos: Primer Pliego de Interrogatorio y Requerimiento de Producción de Documentos cursado a la apelante; Contestación a Primer Pliego de Interrogatorio y Certificado de copia fiel y exacta del expediente de salud de la señora Ortiz Pizarro. 14 Entrada núm. 92 de SUMAC (Minuta). TA2026AP00599 5 conferencia con antelación a juicio y, además, se argumentó la Moción de Sentencia Sumaria presentada por MedPro (a la cual se unió Doctors’ y DCH) y la Oposición a esta. Analizados los escritos de las partes, el foro apelado emitió y notificó una Sentencia Parcial15 en la cual declaró Ha Lugar la solicitud de desistimiento presentada y desestimó con perjuicio la Demanda16 instada por la apelante. El 14 de mayo de 2026, el TPI emitió y notificó una Sentencia en la que declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por MedPro y desestimó con perjuicio la Demanda17 instada por la señora Ortiz Pizarro. Cabe destacar que dicha solicitud fue adoptada por referencia por Doctors’ y DCH mediante su Moción Uniéndonos a Solicitud de Sentencia Sumaria Presentada por The Medical Protective Company y en Cumplimiento de Orden18. Así pues, insatisfecha con el dictamen, el 9 de junio de 2026, la señora Ortiz Pizarro acudió ante este foro intermedio y le imputó al foro apelado los siguientes señalamientos de error: PRIMER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL DICTAR SENTENCIA SUMARIA Y DESESTIMAR CON PERJUICIO LA DEMANDA, AL CONCLUIR QUE LA PRESENTE RECLAMACIÓN CONSTITUÍA UNA ACCIÓN DE IMPERICIA MÉDICA QUE REQUERÍA NECESARIAMENTE PRUEBA PERICIAL PARA SUBSISTIR, AUN CUANDO LA CONTROVERSIA PLANTEADA SURGE DE ALEGADAS OMISIONES DE ASISTENCIA, SUPERVISIÓN Y CUIDADO RAZONABLE POR PARTE DEL HOSPITAL Y SU PERSONAL DE ENFERMERÍA, SUSCEPTIBLES DE EVALUACIÓN BAJO CRITERIOS DE NEGLIGENCIA ORDINARIA. SEGUNDO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCLUIR QUE NO EXISTÍAN CONTROVERSIAS GENUINAS DE HECHOS MATERIALES QUE IMPIDIERAN LA DISPOSICIÓN SUMARIA DEL CASO, AUN CUANDO EL RÉCORD EVIDENCIABA CONTROVERSIAS SUSTANCIALES RELACIONADAS CON LAS CIRCUNSTANCIAS QUE RODEARON LA CAÍDA DE LA DEMANDANTE, INCLUYENDO SI LA DEMANDANTE SOLICITÓ ASISTENCIA PARA DEAMBULAR HACIA EL BAÑO, SI DICHA SOLICITUD FUE ATENDIDA O IGNORADA POR EL PERSONAL HOSPITALARIO, LA SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO BRINDADOS BAJO LAS 15 Anejo 89 del recurso de Apelación. 16 Anejo 1 del recurso de Apelación. 17 Anejo 1 del recurso de Apelación. 18 Anejo 85 del recurso de Apelación TA2026AP00599 6 CIRCUNSTANCIAS Y EL CUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CUIDADO EXIGIBLE MIENTRAS LA PACIENTE SE ENCONTRABA BAJO LA CUSTODIA DE LA INSTITUCIÓN HOSPITALARIA. TERCER ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL RESOLVER INFERENCIAS FÁCTICAS MEDULARES A FAVOR DE LA PARTE PROMOVENTE Y UTILIZAR ANOTACIONES PARCIALES DEL EXPEDIENTE CLÍNICO PARA CONCLUIR SUMARIAMENTE QUE LA DEMANDANTE NO REQUERÍA ASISTENCIA O SUPERVISIÓN ADICIONAL, AUN CUANDO DICHAS INFERENCIAS FUERON EXPRESAMENTE CONTROVERTIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE MEDIANTE EVIDENCIA Y PLANTEAMIENTOS SUSTENTADOS EN EL PROPIO RÉCORD HOSPITALARIO. CUARTO ERROR: ERRÓ EL HONORABLE TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA AL CONCEDER EL REMEDIO EXTRAORDINARIO DE SENTENCIA SUMARIA SIN ATENDER NI ANALIZAR SUSTANCIALMENTE LAS CONTROVERSIAS JURÍDICAS Y FÁCTICAS PLANTEADAS POR LA PARTE DEMANDANTE EN SU OPOSICIÓN, PARTICULARMENTE AQUELLAS RELACIONADAS CON EL DEBER INDEPENDIENTE DEL HOSPITAL Y SU PERSONAL DE ENFERMERÍA DE SUPERVISAR, ASISTIR Y PROTEGER A UNA PACIENTE HOSPITALIZADA MIENTRAS SE ENCONTRABA BAJO SU CUSTODIA. El 10 de junio de 202619, emitimos una Resolución en la cual le concedimos a los apelados hasta el 9 de julio de 2026 para que presentaran su alegato. En cumplimiento con lo anterior, los apelados sometieron el escrito intitulado Alegato de la Parte Apelada en el cual argumentaron que el TPI actuó correctamente al concluir que la reclamación presentada constituía una acción de impericia médico-hospitalaria, por lo que la prueba pericial resultaba indispensable para establecer el estándar de cuidado, su incumplimiento y el nexo causal. Alegaron que la apelante nunca anunció ni presentó dicha prueba, pese a las oportunidades concedidas durante el descubrimiento de prueba, por lo que procedía la desestimación del pleito mediante sentencia sumaria. Además, argumentaron que los precedentes invocados por la señora Ortiz Pizarro no eran aplicables y que tampoco existían controversias genuinas de hechos materiales que impidieran la 19 Notificada el 11 de junio de 2026. TA2026AP00599 7 adjudicación sumaria, pues las controversias señaladas dependían, precisamente, de prueba pericial que la apelante no produjo. Con el beneficio de la comparecencia de ambas partes, procedemos a resolver. II. -A- El mecanismo procesal de la sentencia sumaria surge de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil20. Por medio de este mecanismo, una parte puede solicitar que el tribunal que dicte sentencia sumaria de la totalidad de la reclamación o de parte de esta21. Sin embargo, la sentencia sumaria solo está disponible para la disposición de aquellos casos que sean claros; cuando el tribunal tenga ante sí la verdad de todos los hechos esenciales alegados en la demanda; y que solo reste por disponer las controversias de derecho existentes22. Por su parte, el promovente de una sentencia sumaria deberá establecer, mediante declaraciones juradas o con prueba admisible en evidencia, que no existe controversia real respecto a hechos materiales de la controversia23. Por hechos materiales se entienden aquellos que pueden afectar el resultado de una reclamación de acuerdo con el derecho sustantivo24. En contraste, el oponente a la moción de sentencia sumaria está obligado a establecer que existe una controversia que sea real por lo cual cualquier duda es insuficiente para derrotar una solicitud de sentencia sumaria25. En efecto, la duda debe ser tal que permita concluir que existe una controversia real y sustancial sobre los hechos materiales26. De esta manera, la parte promovida debe 20 32 LPRA Ap. V, R. 36. 21 Vera v. Dr. Bravo, 161 DPR 308, 332 (2004). 22 PFZ Props., Inc. v. Gen. Acc. Ins. Co., 136 DPR 881, 911-912 (1994). 23 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, 193 DPR 100, 110 (2015). 24 Ramos Pérez v. Univisión, 178 DPR 200, 213 (2010). 25 Meléndez González et al. v. M. Cuebas, supra, pág. 110. 26 Íd. TA2026AP00599 8 puntualizar los hechos propuestos que pretende controvertir, haciendo referencia a la prueba específica que sostiene su posición27. Es decir, “la parte opositora tiene el peso de presentar evidencia sustancial que apoye los hechos materiales que alega están en disputa”28. No puede descansar en meras aseveraciones o negaciones de sus alegaciones, sino que debe proveer contradeclaraciones juradas y documentos que sustenten los hechos materiales en disputa29. Entretanto, la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil establece el procedimiento para la consideración de la moción de sentencia sumaria, así como el contenido de la moción y de la contestación de la parte promovida30. Respecto a la moción solicitando que se dicte una sentencia sumaria, la Regla 36.3 (a) de las de Procedimiento Civil dispone que la misma tiene que desglosar lo siguiente: (1) una exposición breve de las alegaciones de las partes; (2) los asuntos litigiosos o en controversia; (3) la causa de acción, reclamación o parte respecto a la cual es solicitada la sentencia sumaria; (4) una relación concisa, organizada y en párrafos enumerados de todos los hechos esenciales y pertinentes sobre los cuales no hay controversia sustancial, con indicación de los párrafos o las páginas de las declaraciones juradas u otra prueba admisible en evidencia donde se establecen estos hechos, así como de cualquier otro documento admisible en evidencia que se encuentre en el expediente del tribunal; (5) las razones por las cuales debe ser dictada la sentencia, argumentando el derecho aplicable, y (6) el remedio que debe ser concedido31. Por otra parte, la Regla 36.3 (b) de las de Procedimiento Civil dispone que la contestación a la moción de sentencia sumaria debe contener, además de los sub incisos (1), (2) y (3) del inciso (a): una relación de los hechos esenciales y pertinentes que están en controversia, con referencia a los párrafos enumerados por la parte 27 León Torres v. Rivera Lebrón, 204 DPR 20, 44 (2020). 28 Íd., pág. 44. 29 Ramos Pérez v. Univisión, supra, págs. 215-216. 30 32 LPRA Ap. V, R. 36.3. 31 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (a). TA2026AP00599 9 promovente y con indicación de la prueba en la que se establecen esos hechos; una enumeración de los hechos que no están en controversia; y las razones por las cuales no se debe dictar la sentencia, argumentando el derecho aplicable32. Asimismo, cuando se presente una solicitud de sentencia sumaria conforme a la Regla 36 de las de Procedimiento Civil, supra, “la parte contraria no podrá descansar solamente en las aseveraciones o negaciones contenidas en sus alegaciones, sino que estará obligada a contestar en forma tan detallada y específica como lo haya hecho la parte promovente. De no hacerlo así, se dictará la sentencia sumaria en su contra si procede”33. Igualmente, la Regla 36.3 de las de Procedimiento Civil34, dispone que: […] (e) La sentencia solicitada será dictada inmediatamente si las alegaciones, deposiciones, contestaciones a interrogatorios y admisiones ofrecidas, en unión a las declaraciones juradas si las hay, u otra evidencia demuestran que no hay controversia real sustancial en cuanto a algún hecho esencial y pertinente y que como cuestión de derecho el tribunal debe dictar sentencia sumaria a favor de la parte promovente. Es importante mencionar que, este Tribunal utilizará los mismos criterios que el Tribunal de Primera Instancia al determinar si procede una moción de sentencia sumaria35. Por consiguiente, los criterios que este foro intermedio debe tener presentes al atender la revisión de una sentencia sumaria son los siguientes: (1) examinar de novo el expediente y aplicar los criterios que la Regla 36 de Procedimiento Civil y la jurisprudencia le exigen al foro primario; (2) revisar que tanto la moción de sentencia sumaria como su oposición cumplan con los requisitos de forma codificados en la referida Regla 36; (3) revisar si en realidad existen hechos materiales en controversia y, de haberlos, cumplir con la exigencia de la Regla 36.4 de Procedimiento Civil, de exponer 32 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (b). 33 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (c). 34 32 LPRA Ap. V, R. 36.3 (e). 35 Vera v. Dr. Bravo, supra, pág. 334. TA2026AP00599 10 concretamente cuáles hechos materiales encontró que están en controversia y cuáles están incontrovertidos; (4) y de encontrar que los hechos materiales realmente están incontrovertidos, debe proceder a revisar de novo si el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el Derecho a la controversia36. III. En el caso de autos, la controversia medular consiste en determinar si el TPI erró al concluir, mediante el mecanismo extraordinario de sentencia sumaria, que la reclamación presentada por la señora Ortiz Pizarro constituía una acción de impericia médico-hospitalaria que necesariamente requería prueba pericial para subsistir y, por ende, desestimar con perjuicio la Demanda, ante la ausencia de dicha prueba. Luego de examinar de novo el expediente ante nuestra consideración, colegimos que el foro apelado actuó dentro del marco jurídico de la Regla 36.2 de las de Procedimiento Civil, supra, la cual permite que cualquier parte presente una moción, basada en declaraciones juradas, o en aquella evidencia que demuestre la inexistencia de una controversia sustancial de hechos esenciales y pertinentes. Veamos. El 16 de abril de 2026, MedPro presentó ante el TPI la Solicitud de Sentencia Sumaria y, el 20 de abril de 2026, Doctors’ y DCH instaron Moción Uniéndonos a Solicitud de Sentencia Sumaria Presentada por The Medical Protective Company y en Cumplimiento de Orden37. La Solicitud de Sentencia Sumaria de MedPro estuvo acompañada de los siguientes documentos: Certificado de copia fiel y exacta del expediente de salud de la señora Ortiz Pizarro; Requerimiento de Admisiones cursado a la apelante; Contestación a Requerimiento de Admisiones, el cual incluyó el juramento de la señora Ortiz Pizarro, Initial Adult Triage y Transfer Receiving. En 36 Roldan Flores v. M Cuebas, 199 DPR 664, 679 (2018). 37 Anejo 85 del recurso de Apelación. TA2026AP00599 11 síntesis, alegaron que la apelante, el 10 de marzo de 2026, expuso que en su caso no procede el requisito de prueba pericial ya que su reclamación es una que va dirigida a la “falta de supervisión y cuidado razonable hacia un paciente hospitalizado, no una controversia sobre diagnósticos médicos especializados ni tratamientos médicos complejos”. Adujo que, bajo la normativa de Rodríguez Crespo v. Dr. Hernández, etc., 121 DPR 639, 650 (1988) le corresponde a la apelante establecer mediante prueba pericial que la actuación de este no cumple con las normas profesionales establecidas. Al examinar minuciosamente el expediente, surge que ambas partes cumplieron con los requisitos de la Regla 36 de las de Procedimiento Civil38. De nuestra revisión “de novo” y el análisis realizado, conforme a lo dispuesto en la precitada regla y su jurisprudencia interpretativa, encontramos que no existen hechos materiales en controversia. Aun cuando el TPI, declaró Ha Lugar la Solicitud de Sentencia Sumaria presentada por MedPro, erró en el fundamento utilizado. Procedamos a discutir en conjunto los errores que enmarcó la apelante. La controversia central que nos corresponde dirimir es, si la causa de acción presentada en la demanda constituía una acción de impericia médica, la cual requiere necesariamente prueba pericial; o, por el contrario, si la reclamación presentada se fundamentó en que, mientras se encontraba hospitalizada, alegadamente solicitó asistencia al personal de enfermería para dirigirse al baño, debido a que se sentía mal del estómago39; personal de enfermería le quitó algo del suero para que pudiera ir al baño, y a pesar de esta solicitar que la enfermeras la acompañaran, por 38 32 LPRA. Ap. V, R. 36.1. 39 Anejo 1 del recurso de Apelación. TA2026AP00599 12 sentirse mal, fue informada que no había enfermeras disponibles que la pudieran acompañar40. La solicitud no fue atendida adecuadamente y, adujo que una vez en el baño, se siente con vista nublada y mareos, se levanta, cuando abre la puerta da 3 pasos y cae de espalda. Se voltea y puede jalar el cable de emergencia del baño. La enfermera entró y ella no sentía las piernas, la ayudaron a acostarse nuevamente en la camilla41, como consecuencia de ello, sufrió una caída dentro de las facilidades hospitalarias de Doctors’. Al examinar la prueba sometida por las partes, observamos que en el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados se estipuló la siguiente prueba: Exhibit I – Récord Médico Doctors’ Center Hospital (sept/17/24-sept/20/24). Exhibit II - Récord Médico Doctors’ Center Hospital (oct/4/24-oct/8/24). Exhibit III - Póliza H1003202, “claims made” a favor de Doctors’, emitidas por MedPro, con efectividad desde el 01/01/2025 hasta el 01/01/2026, cuyo límite de responsabilidad es de $100/$300k por ocurrencia. Por otro lado, la apelante anunció como prueba el Récord Médico Dr. Rafael A. Ruiz González - que persigue evidenciar tratamiento recibido, las lesiones y el contenido del récord médico. En cuanto a Doctors’ y DCH, anunciaron la siguiente prueba: Exhibit A - Política de Prevención de Caídas paciente hospitalizado (Adulto-Pediátrico). Exhibit B - Informe de Accidente/Incidente. Exhibit C - Declaración de Evangelina Ortiz Pizarro sobre incidente42. Nuestro Tribunal Supremo en Hernández Rivera v La Capital43, dispone que: Las normas de atención y cuidado son de mayor exigencia cuando el paciente acusa una anormalidad física o mental que le impide o le hace difícil cuidar de sí mismo. En tales ocasiones, dependiendo de las circunstancias específicas, puede exigirse al hospital la adopción de medidas 40 Íd. 41 Íd. 42 Entrada núm. 92 de SUMAC (Minuta). 43 81 DPR 1031, 1038-39 (1960). TA2026AP00599 13 precautorias adicionales a las ordinarias y que pueden llegar hasta la vigilancia continua e ininterrumpida del paciente. Ejemplos son los casos de enfermos con diversas manifestaciones de desórdenes o deficiencias mentales, o delirantes, o epilépticos o en estado de inconsciencia total o parcial causado por el uso de drogas o anestésicos, etc. Asimismo, las normas de mayor exigencia rigen la conducta del hospital cuando se trata de niños enfermos. El cuidado y la atención deben ir en aumento según se reduce la edad del niño y deben acentuarse si a la incapacidad de los años se unen reacciones anormales causadas por la enfermedad. Posteriormente, en Lugo Pérez v. Santo Asilo de Damas44, el Tribunal Supremo especifica que al reclamar daños y perjuicios por parte de una paciente quien se cae de la cama durante el cuidado de un hospital, deberá demostrar que requirió un cuidado especial. En el caso ante nos, la paciente ni ningún miembro de su familia, ni su médico particular le llamó la atención a la enfermera ni a funcionario otro alguno del hospital recurrido sobre cualquier hecho o circunstancia conocida por cualquiera de ellos que hiciere aconsejable que en el caso de dicha paciente se tomaran medidas de precaución fuera de lo corriente. Bajo tales circunstancias, el peso de la autoridad sostiene que el hospital no es negligente si la paciente cae de la cama y sufre daños. Surge del expediente que la apelante admitió lo siguiente: El 16 de septiembre de 2024, visitó la Sala de Emergencias de Doctors’, fue ella quien proveyó su información de salud al personal de enfermería de Sala de Emergencias, indicó que no tenía problemas de visión, no tenía impedimento para comunicarse, no tenía impedimento para hablar, no tenía problemas de movilidad, no tenía un impedimento físico en las extremidades inferiores, no utilizaba 44 89 DPR 247 (1963). TA2026AP00599 14 ningún equipo de asistencia para caminar45. A su vez, surge de los documentos estipulados por las partes en el Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, el cual fue discutido el 13 de mayo de 2026 en la conferencia con antelación a juicio ante el TPI que, a su llegada a sala de emergencia, al ser entrevistada por el personal de enfermería, la Sra. Ortiz Pizarro negó historial de: a. Caída, b. Desorientación, c. Limitaciones físicas, d. Impedimento para comunicarse, e. Problemas visuales, f. Uso de anteojos, g. Convulsiones, h. Accidente cerebro-vascular. Fuente: Hoja de “Initial Adult Triage”46. No cabe duda de que en esta etapa de los procedimientos la apelante no ha presentado ningún tipo de prueba que establezca la relación causal entre el daño alegado y la actuación u omisión de la parte apelada. Ciertamente, no ha cumplido con el estándar establecido por el Tribunal Supremo en la normativa jurisprudencial que precede. Reafirmamos la norma reiterada del Tribunal Supremo que expresamente dispone que un hospital público o privado no es un asegurador de sus pacientes contra todo daño que éstos puedan infligirse o que les causen otras personas47. Por consiguiente, resolvemos que no existen controversias genuinas de hechos materiales respecto a las circunstancias que rodearon la caída de la señora Ortiz Pizarro. Nada impide la disposición sumaria del pleito, en consecuencia, concluimos que el TPI no erró al dictar sentencia sumaria y desestimar con perjuicio la Demanda. IV. Por los fundamentos antes expuestos, confirmamos la Sentencia apelada por otro fundamento. 45 Entradas núm. 79, 81 y 92 de SUMAC, Informe de Conferencia Preliminar entre Abogados, Anejos de la Solicitud de Sentencia Sumaria y Minuta de la Conferencia con Antelación a Juicio. 46 Íd. 47 Íd. TA2026AP00599 15 Notifíquese. Lo acordó y manda el Tribunal, y lo certifica la Secretaria del Tribunal de Apelaciones. Lcda. Lilia M. Oquendo Solís Secretaria del Tribunal de Apelaciones